jueves, 6 de enero de 2011

Miguel Lawner desenmascara a Superman

SUPERMAN!!!!!!!!!!!

 

La televisión transmitió antenoche una escena francamente ridícula, que me provoca honda vergüenza.  El Presidente de la República en mangas de camisa arremangadas,  brazos en alto a manera de un levantador de pesas, trasladando un humilde estante de mimbre desde una mediagua hasta depositarlo en un vehículo militar destinado a efectuar la mudanza de  una familia damnificada por el terremoto en Talca, hacia su nuevo hogar, supuestamente construido en el marco del programa de reconstrucción. 


Una nube de conscriptos del ejército lleva a cabo esta tarea, pero el presidente no puede limitarse a ser un mero espectador, y coge el estantito, escena  que las cámaras de televisión se apresuran a registrar para difundirla como testimonio de su firme compromiso con los damnificados.


Estamos frente a un mandatario  todo  terreno, un 4x4 capaz de enfrentar los  desafíos más extremos. Un superman que pilotea el helicóptero conduciéndolo  rumbo al rescate de los heroicos mineros atrapados en Copiapó o que se sumerge para bucear en las aguas de Punta Choros, santuario marino amenazado por una Central Térmica, cuya construcción es suspendida gracias a la resolución del presidente. Estamos frente a  un capitán de yate surcando con arrojo las bravas aguas del golfo de Penas; un  avezado ciclista o un trotador que practica footing en el  elegante distrito de San Isidro en Lima o en el Central Park de Nueva York.


Dios…. cómo deben envidiarnos el resto de los mortales del planeta, huérfanos de un  Mesías semejante, capaz de ponerlos a salvo de sus padecimientos terrenales.

 

La ceremonia que motiva este comentario, correspondió al acto de entrega de 23 viviendas.. …… si… léanlo bien,  de apenas 23 viviendas, y contó con la presencia de numerosas autoridades, incluyendo la Ministra de la Vivienda que acompañó al presidente en la ya clásica fotografía de ambos asomados tiernamente desde una de las ventanas del flamante hogar.

 

Me había llamado la atención la exigua cifra de viviendas entregadas.

¿Qué empresa constructora acomete una obra con un número de viviendas tan pequeño?

¿Se trata de un grupo social organizado?

Recurrí a profesionales amigos de la zona, quienes me pusieron al tanto de la verdad.  El show del estantito fue una completa  mistificación.


No se trata de viviendas construidas en el marco del proceso de reconstrucción, sino que de viviendas correspondientes a un programa regular de vivienda social, que se asignaron a familias damnificadas sin sitio de Talca.


Los medios de comunicación se prestaron a esta acción, sin indagar la veracidad de los hechos.

En la ciudad de Talca se registra un número de 6.500 viviendas dañadas por el terremoto del 27-F entre aquellas totalmente destruidas y las que deben ser reparadas, por lo cual publicitar la entrega de 23 viviendas carece de toda importancia, ya que corresponde a una cifra que apenas cubre el 0.27 % de las necesidades de la capital del Maule.


La manipulación de las informaciones alcanza niveles inconcebibles en la nueva forma de gobernar.  Ningún otro presidente del pasado hubiera osado transformar en una efeméride semejante menudencia. Impensable, por ejemplo,  en una persona como el austero Jorge Alessandri Rodríguez que en 1960, como consecuencia del megaterremoto de Mayo de 1960, enfrentó la hazaña de evitar el Riñihuazo, que amenazaba con sumir bajo las aguas gran parte de la ciudad de Valdivia. Jamás el Paleta  se vanaglorió  del éxito de tal acción.

 

Piñera: Ésta es la reconstrucción más eficiente en la historia de Chile.

 

Un día antes de la ceremonia en Talca, el presidente había participado en la reapertura del paso superior Hospital ubicado en la Ruta 5 sur  donde volvió a sostener que la reconstrucción emprendida por su gobierno no tiene precedentes respecto al pasado. Es la misma declaración  formulada por la Ministra Matte respondiendo a la interpelación de que fue objeto en el Parlamento durante la semana pasada.


La verdad es que esta es una afirmación tan infundada como hacer aparecer gatos por liebres en la ceremonia de Talca.

Efectivamente se ha recuperado gran parte de la infraestructura vial o portuaria dañada, pero en materia de vivienda la evaluación es muy negativa.

 

Para comparar con el pasado, me remito al terremoto con magnitud 7,75 de la escala Richter, ocurrido el 8 de Julio de 1971 durante el mandato del Presidente Allende, con epicentro en la proximidad de Valparaíso.

La Oficina de Planificación Nacional, rápidamente coordinó la evaluación de los daños producidos, preparó el texto de una Ley y en 100 días entregó un completo Plan de Reconstrucción comprendiendo un programa de vivienda y equipamiento social, la reposición y construcción de establecimientos hospitalarios y locales escolares, la reparación de obras viales, de obras portuarias, de aeropuertos, de ferrocarriles, así como los planes de reconstrucción y desarrollo de los sectores productivos, industrial, minero y agropecuario.

 

El plan se publicó en un libro titulado Plan de Reconstrucción 1971-1973 que obra en mi poder, a disposición de quién desee consultarlo. Se detalla el programa a cumplir en cada comuna, cual es la institución a cargo de implementarlo, donde están localizados los terrenos respectivos, qué línea de acción es la acordada y cual es su financiamiento.

 

En materia de vivienda, se programaron dos tipos básicos de solución:

 

a)    Crédito para construcción:

Otorgado a las personas que disponían de un sitio urbanizado para reconstruir su vivienda. Este crédito podía otorgarse en dinero o en materiales de construcción calculados para levantar una unidad de 40 m2. Los créditos ascendían a la suma de 8.000 escudos cada uno y Corhabit fue la institución encargada de operarlos.

 

 b)    Construcción o compra de viviendas urbanas:

Se asignaron 8.000 soluciones para los imponentes de cajas de previsión, que operaron a través de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, y otras 8.860 viviendas para ser ejecutadas por la labor directa del MINVU

 

En resumidas cuentas, a los 120 días de ocurrido el sismo, cada damnificado de cada una de las comunas del país, tenía claro cual sería la solución que lo beneficiaría. A esas alturas gran parte de las obras habían comenzado y nadie abrigaba incertidumbres pero respecto a su futuro.


En la actualidad, transcurridos 10 meses desde la catástrofe, muy pocos damnificados saben lo que les espera. Ignoran donde, quién y cómo se resolverá su demanda.


La reconstrucción actual está muy lejos de ser la más exitosa de nuestra historia sísmica.

 

 

100 mil subsidios: entregados?, asignados?

 

Durante la interpelación a la Ministra de la Vivienda se suscitó un acalorado debate respecto a si los cien mil subsidios que pregona el gobierno se han entregado o solamente asignado, lo cual evidentemente no es lo mismo.

En mi opinión esta es una controversia absolutamente secundaria. ya que aun cuando se hubieran entregado en su totalidad, el beneficiario no sabe qué hacer con  dicho documento ya que no hay ofertas disponibles en el mercado.

Mas importante es subrayar la afirmación de la Ministra admitiendo que el 60% de los subsidios entregados/asignados, corresponden a la línea de reparación de vivienda en su propio sitio.


Esta es una línea  de acción muy atinada, pero, -presten atención- dicho subsidio alcanza a la insignificante suma de 55 UF, que descontados IVA y utilidad del contratista representan una inversión inferior al millón de pesos, cifra que solo alcanza para obras menores: como algunos parches de estuco, y/o reposición de algunas planchas de techumbre o vidrios de ventanas.

 

La reparación de viviendas en sitio propio debe priorizarse como línea de acción porque es la mejor fórmula para retener a los damnificados en su actual asentamiento, conservando sus redes de amistad, comerciales, de educación, etc. Pero por su naturaleza, la reparación es una modalidad personificada. Cada caso es diferente y exige un proyecto realizado por profesionales competentes para poder definir el presupuesto de las obras a realizar.

 

Miles de jóvenes profesionales o egresados de las escuelas universitarias pudieron haber asumido con entusiasmo esta tarea, definiendo junto a cada propietario el aprovechamiento de todo lo recuperable y proyectando las obras de reparación y las eventuales ampliaciones.

Se habría conservado y enriquecido el entorno de esta manera, conservando su identidad.

Se habría podido organizar a los vecinos por manzana, mejorando las antiguas divisiones prediales en beneficio de la comunidad. Haciendo ciudad en resumidas cuentas, simultáneo con la reconstrucción.

Una línea de acción de esta naturaleza abre un enorme campo a la acción de la pequeña y mediana empresa constructora, la única capaz de asumir obras de un monto bajo y dispersas en el terreno. Las ventajas bajo el punto de vista de la economía son indiscutibles.


Pero el sistema operativo imperante hace imposible esta modalidad. Otorga un subsidio individual, que dificulta la acción en común, y por otra parte,  privilegia la acción de la gran empresa, con sus soluciones  prefabricadas, despreciando todo lo aprovechable de la vivienda dañada.

Para hacer operativo un cambio, es necesario evitar la asignación personal del subsidio. Generar un presupuesto global destinado a la reparación de viviendas, administrado por los Municipios con plena participación de los damnificados y las juntas vecinales respectivas.  Es este cuerpo el que definirá los presupuestos asignados a cada obra en particular, en concordancia con los proyectos respectivos.

 

Ha concluido un año difícil para muchos chilenos, digámoslo claramente: un año reguleque.

¿Qué nos aguarda el que hoy se inicia?

Gran parte dependerá de nosotros, no abatiendo las banderas de la solidaridad y de la justicia

 

Muchos amigos, colegas  y compañeros  han tenido la gentileza de enviarme un saludo con motivo de las festividades de fin de año. Aprovecho este mensaje para retribuirles su afecto.

 

Con el cariño de siempre los saluda el arquitecto Miguel Lawner, situado en los Jardines de Providencia, del Santiago del Nuevo Extremo, el primer día  de Enero de 2011.



 

Santiago, una mejor Ciudad


Después de la catástrofe del 27 de febrero pasado, ha quedado al descubierto una serie de pequeñas y grandes precariedades políticas, sociales, económicas, medioambientales, y sobre todo, valóricas y técnicas, entre todas las cuales se destaca acentuadamente la precaria gestión del Minvu relativa al desarrollo urbano nacional. Particularmente desde el año 2000 hacia delante, que es cuando su División de Desarrollo Urbano (DDU) empieza a instalar su visión de corte neoliberal hasta hoy día imperante y mundialmente notable en el segregado Santiago, gracias a flexibilidades normativas y el aporte de la inversión privada. Una política a la vista y de resultados sociológicos paradojales, que alcanzó un punto álgido al momento cuando la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, UN-Hábitat, en su informe anual del 2009, expresara en síntesis que en Chile no existía una política de desarrollo urbano. Categóricamente, esto corresponde a una valoración internacional negativa, inesperada por la DDU y las autoridades a la sazón en el poder, que nos estigmatiza como país, y que nos fue dada a conocer con motivo del Día Mundial del Hábitat, en los primeros días de octubre de aquel año.


En Chile, prácticamente 9 de cada 10 personas son "urbanas". La ciudad de Santiago, de cuerpo localizado en 32 de las 52 comunas de la región metropolitana, la cual se rige antojadizamente por una plan de inferior ámbito propio que el que le corresponde, esto es, por un plan regulador intercomunal y no por el de nivel regional que establece la ley, concentra casi a la mitad del total nacional de población, y en los asuntos inmobiliarios, sus nichos de negocios no solo se hallan en las comunas más "pudientes" del Noreste, o entre las menos acaudaladas de todos quienes residen en lugares febles e invadibles por el capital privado colocado en torres residenciales con alta rentabilidad, que pululan por doquier en todas las restantes comunas tradicionales; sino que también los hay y en abundancia, en las comunas del Surponiente, a lo largo de su "límite urbano", donde se da que aquellos que son latentes, ubicados en los terrenos de su lado externo y por ahora "rurales", son los más atractivos, habidas las plusvalías generadas al convertirlos en "urbanos".


Exactamente así también lo entiende la DDU, preocupada de que sea el inversionista privado y no Estado quien se encargue de proveer la vivienda de interés social a quienes la requieran, para lo cual no solo subsidia su adquisición, sino que parte por gratificar al terrateniente y al urbanizador con dichas plusvalías, cada vez que amplia un límite urbano. En el caso de Santiago, cuyo plan regulador intercomunal data de 1994, esto ha ocurrido en 1997, en el 2003, en el 2006 y en el 2008, con idéntico pretexto cada vez: Que la población crece y que el mercado de la vivienda social necesita terrenos baratos para los próximos 30 años. Lo cual y por si solo, está demostrando que no ha sabido proyectar ni el crecimiento de población, ni la demanda esperada de vivienda de interés social, y que tampoco ha sabido mejorar el modelo de gestión al respecto, que fuera instaurado en los tiempos de los Chicago Boy's con una simpleza lineal que hoy día abisma a cualquier observador calificado. En síntesis, contribuyendo así a dar por bien merecido que ese Informe de UN-Habitat nos estigmatice como lo ha hecho.


De hecho, si realmente hubiera una política de desarrollo urbano en Chile, no habría sido necesario ampliar una y otra vez la ciudad oficial de Santiago; nadie discutiría el valor técnico-administrativo y evidentemente de mercado que posee el límite urbano en nuestro país (principalmente a los efectos de auto-regular la extensión urbana y obviar el tema de las plusvalías); y no habría habido una alta autoridad de gobierno, como lo es el propio Intendente y presidente de CORE Metropolitano, haciendo "lobby" a partir del mismo día cuando fue rechazada una nueva ampliación de esta ciudad (en junio del 2010). Si tal política existiera, habría sido una noticia destacada que el Minvu, que es el único titular competente para proponer una nueva ampliación, haya guardado absoluto silencio frente a este hecho improcedente. Esto, aunque tal vez sea lo único que le quedaba por hacer a causa de la niñería política inexplicable que significa que el lobby lo está efectuando un connotado miembro de la C.Ch.C., hoy día a cargo de la Intendencia.


Aún más, y más decidor al completar casi un año después del 27-F: Si hubiera existido una cabal política nacional de desarrollo urbano, alguna autoridad superior de gobierno ya habría dado a conocer alguna visión gubernamental actualizada sobre su puesta al día en las nuevas circunstancias. Aunque hubiese sido preliminar, bastaría con que hubiese subrayado aquellos valores y principios que transversalmente tenemos que empezar a reconocer, a internalizar y aplicar en el país que nos queda por reconstruir. Pero no ha ocurrido. El Minvu, ni su actual DDU, aún no sacan la voz. Parecieran no tener visión de futuro que compartir. Y lo que es equiparable: Tampoco lo ha hecho la Concertación, de cuyas "ciudades más humanas" que nos fueran anunciadas desde la Candidatura del ex – Presidente Lagos, nunca más se ha oído hablar.


De este modo, hoy en día, como consecuencia del modelo "socialista neoliberal" puesto en práctica por la DDU a partir precisamente de aquellos mismos días, el que Santiago registre 23 torres de edificios seriamente dañados por el terremoto de Febrero pasado; una la cantidad de tramos y nudos viales prontamente vueltos a ser puestos en servicio; un impacto oneroso, traumatizante e inmerecido en muchos de sus hogares de la clase media; una secuela análoga y acaso peor en poblaciones y campamentos; una permanencia sostenida de altos índices de material particulado en el aire que se respira; una creciente congestión vehicular a toda hora; y un aún indeterminado recuento del deterioro urbano preexistente; todavía no es suficiente para que cuando menos se haya anunciado, o se haya exigido desde la oposición, la pronta elaboración y aplicación de "un mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales", al cual tenga que quedar supeditado el actual Plan Regulador de la Región Metropolitana, conocido como el "PRMS". Esencialmente, por causa de la Falla de San Ramón al pié de monte, y de las inundaciones en planta y desde las quebradas que la afectan directamente, de tiempo en tiempo. Pareciera que nada de esto existiese, y que lo único importante en carpeta fuese el tener que proveer materia prima barata y periférica (suelo rural hecho urbano), donde continuar segregando a la población de menores recursos, mediante una nueva ampliación tras la cual hace el lobby el Sr. Intendente. Igual que antes, abogándolo "para los próximos 30 años", pero ahora último, mejorando el plus a futuro de los terrenos que quiere anexar, con el anuncio de una gran cantidad de millones de dólares anuales para la mantención de las áreas verdes que el arquitecto proyectista haya dibujado en el plano de la ampliación. Dice y empeña la palabra del gobierno al hacerlo, que aportará nada menos que US$ 70 millones por año. Si el precio de una mediagua fuese US$ 1.000, esta cifra equivaldría a 70.000 mediaguas al año. ¿Se lo imagina?


Santiago, una mejor ciudad,… en el buen saber y entender popular efectivamente no está por "beneficiar" a los más carenciados radicándolos en su periferia, amarrándolos a una vivienda propia distante, ni menos a que tengan que completar sus horas normales de sueño durmiendo en el tristemente famoso Transantiago, durante sus viajes de origen y destino. Está por esa "ciudad más humana" ya ofrecida; porque se cumpla con la igualdad ante la ley; porque se respeten sus derechos sociales inalienables, contemplados en la Constitución; porque haya estabilidad en las reglas del juego que regulan la ocupación y el uso del suelo; porque se mejore substancialmente el modelo de gestión segregador con que hasta ahora se aborda la dotación de viviendas de interés social; y porque se planifique su desarrollo urbano con visión de futuro, de modo estratégico, a nivel de la Cuenca de Santiago y su conexión natural hacia la costa vecina. En suma, está por una sola demanda obvia y del día: Que se congele el actual PRMS, y no se vuelva ampliar sus límites urbanos; que se elabore y aplique cuanto antes aquel "mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales" arriba mencionado, y que este actual plan regional de Santiago sea reemplazado prontamente por un "plan urbano estratégico", llevado a cabo según las recomendaciones de la OCDE.


Esta demanda ciudadana es razonablemente lógica; es un 100% aséptica de que pueda ser expropiada para sí por una sola corriente de opinión política, y por encima de esto mismo, conlleva controlar adecuadamente el tema ambiental (mediante la recién instituida "evaluación ambiental estratégica"), de igual modo que la transparencia de los cambios de uso del suelo (haciendo conocidos los terratenientes del caso, tal como recién lo exigiera el Consejo respectivo al SII, en el caso de esta nueva ampliación).


Si es cierto lo que sostiene el Sr. Intendente en cuanto a que "solo" haya terrenos para 9 años más, es decir, hasta mediados del gobierno subsiguiente al actual, o sea, hasta el año 2020 incluido, hay tiempo más que suficiente para cambiar el PRMS sin seguir parchándolo por sus bordes, y además, para preocuparse por la renovación urbana de sus comunas tradicionales, incluyendo a los asentamientos menos favorecidos de cada uno de sus entornos perimetrales. "Santiago, una mejor ciudad", integra población; vela por el medio ambiente, y es transparente con sus cambios de uso del suelo. Así de simple y directo,…si de hacer bien las cosas se trata.


Waldo López M.

PRMS 100: sin prevenciones ni estrategia


Jonás Figueroa Salas

Escuela de Arquitectura Usach

fsalas@usach.cl – Tf. 7184304


Después de los altos costos sufridos en vidas humanas y en el patrimonio construido a causa de los fenómenos naturales, hoy se impone en este país un urbanismo y una política urbana sustentada en valores preventivos y estratégicos. No podemos seguir instalando cualquier cosa en cualquier parte, porque ya sabemos que vendrán las aguas y se lo llevaran, vendrán los sismos y se nos caerán. No podemos seguir con la mentalidad que el espacio físico en una dimensión ilimitada que permite cualquier carga: hasta los bordes mismos del mar, por sobre las propias orillas de los ríos, en las quebradas, en la pendiente de los cerros y sobre fallas sísmicas; fiel reflejo de que la avaricia urbana e inmobiliaria no tiene límites. Y aunque esta práctica nos cueste periódicas pérdidas y lamentos, seguimos ocupando lo inocupable.


Si algo hay de dramático del cambio climático esto no es otra cosa que los fenómenos meteorológicos incrementaran sus efectos negativos sobre las personas, las ciudades y los territorios. He ahí la importancia de contar con instrumentos de ordenamiento de los usos del suelo acordes con los límites que nos impone la naturaleza, más importantes que los que pueda definir el hombre. Cuestión que no quieren reconocer los que propugnan la aprobación a cómo dé lugar de la modificación del PRMS: un plan sin prevenciones ni menos estrategias; un mal plan para el futuro de la ciudad y sus moradores, instalando nuevos crecimientos físicos en suelos plagados de conflictos que este documento ni menciona ni corrige.


En primer lugar, el suelo en donde se instala el aparato urbano no es una dimensión física inerte, tiene sus valores naturales y potencialidades, restricciones, capacidades de acogida, bondades y alteraciones causadas por actividades agrícolas y extractivas que los urbanistas desconocen y no pocas veces desoyen cuando se les alerta. Tal como los mentores de la reconversión del aeropuerto de Cerrillos se han empecinados en desconocer las virtudes del corredor de ventilación de baja altura, el Minvu se empecina en seguir con sus propuestas sin importar los costos en infraestructura y en la salud pública. Mientras no se entienda esta situación, seguiremos instalando parques en zonas secas y viviendas en zonas inestables, tal como observa la presente modificación del PRMS, rellenando de equívocos y desgracias con cualquier uso cualquier zona, un cualquerismo que el sismo del 27F ya puso en cuestión.


Si esta dimensión física no es inerte, tampoco es plana ni uniforme. Tiene sus alteraciones topográficas, a veces imperceptibles a los ojos humanos, pero que utilizan las aguas eventuales y las fluviales para circular de modo natural, que se torna en tragedia cuando el hombre se cruza con sus aparatos. La almendra fundacional de Santiago por ejemplo, se instala en una meseta con dos grandes canelones por donde fluyen naturalmente las aguas, aspecto que evita las inundaciones que si es posible encontrar en las zonas consideradas urbanizables por esta mentada modificación. Cuando se inundan los coliflores no le importa a nadie; el drama surge cuando los suelos agrícolas pasan por simple acto administrativo a tener ocupaciones residenciales, sin importar sus bajas aptitudes ni menos seguir un protocolo que los prepare y depure para sus nuevos usos.


Siendo el soporte físico un valle de inundación, en cada lluvia se pone en funcionamiento una cuenca eventual que no está registrada en ninguna parte, en ningún documento ministerial, porque nunca se han preocupado de registrar por dónde van, de dónde vienen y hacia dónde van las aguas cuando llueve. Lo más dramático es lo que cuentan los moradores de Quilicura en donde el Minvu nos promete instalar vivienda, sobre un sector donde confluyen tres cursos de aguas que se ponen en funcionamiento y devastación en cada lluvia torrencial; con suelos de baja capacidad de absorción y con una napa freática a flor de tierra. Desconocemos por ejemplo, cómo se expresa esa situación en la tasa de morbilidad infantil, porque carecemos de un mapa o registro que nos informe de las enfermedades asociadas con las condicionantes climáticas y los usos urbanos del territorio.


El preocupante desconocimiento que tenemos de los fenómenos meteorológicos, hace que en cada lluvia que precipita unos 60 litros de agua por metro cuadrado, la sociedad pierda unos 300 millones de dólares en rotura de la infraestructura vial, en daños en viviendas, en enfermedades, en atrasos, en ausencias laborales y escolares, etc. Y a pesar de ello, seguimos incurriendo en los viejos errores proponiendo a través de planes reguladores y sus consabidas modificaciones administrativas, crecimientos físicos en zonas inundables y en zonas cubiertas por antiguos vertederos, viejos canales y pozos areneros, haciéndole morisquetas a la naturaleza.


Después de este preocupante recuento, lo inteligente es ocupar estos suelos de alta sensibilidad con áreas verdes, por ejemplo. Áreas verdes que es el principal llamado que utilizan los redactores del PRMS 100 para vendernos las bondades del nuevo plan. Pero esos cientos de hectáreas que aseguran incorporar al patrimonio ambiental y paisajístico no surgen de decisiones preventivas y estratégicas que permitan transformar estas áreas verdes en piezas de amortiguación de zonas inestables y de usos incompatibles, por ejemplo. En este caso, no son más que márgenes y bordes de vialidad, franjas de seguridad, bandejones inutilizables por las personas; y áreas verdes situadas en los cerros que difícilmente podrían ser considerados parques urbanos y expresiones de las características vegetales y climáticas de las zonas en donde se sitúan; por el contrario, son piezas inseguras que tarde o temprano quedarán abandonadas por los costos que significa su mantención, no responder a los valores naturales del lugar y por situarse lejos de donde viven los ciudadanos.


Por último, el nuevo PRMS 100 tampoco utiliza estratégicamente las capacidades vacantes de la ciudad y las infraestructuras ferroviarias y viales existentes, hacia el norte y el sur de la Región Metropolitana. Tampoco dice qué hacer con el vaciamiento poblacional y los usos impropios que registran las áreas centrales (industrias, bodegas, depósitos de buses, playas de estacionamientos, etc.). Es decir, el PRMS 100 es un plan promesa, un listado de intenciones y nada más, sin compromisos ni menos estrategias, sin prevenciones ni menos obras de mitigación y tratamiento de antiguos residuos químicos de las áreas agrícolas. Debiendo ser el plan de futuro para el futuro de una metrópolis instalada en el siglo XXI, compitiendo con otras metrópolis del continente en calidad de vida, infraestructura y paisaje, apenas alcanza a ser un plan de suburbios instalados entre la gran ciudad y el desamparo. Si las autoridades estuviesen interesadas en ello, en el futuro y no en las contingencias y urgencias del presente que pueden ser resueltas con las 7 mil hectáreas de suelo remante del plan vigente, podríamos dar una lección al mundo sobre cómo debe ser el urbanismo preventivo y estratégico que requieren las ciudades de un país sísmico e inundable como el nuestro.


Junto a ello, echamos en falta los compromisos de orden territorial que debe observar un plan de las características de este nuevo PRMS, sus relaciones y articulaciones con el débil sistema urbano de la Región Metropolitana y su amenazado sistema natural y climático, etc. La ciudad no puede seguir creciendo según el modelo extensivo de baja calidad y desnudo de facilidades y oportunidades como creció físicamente sin desarrollo a lo largo del siglo XX, porque ello es aberrante e insostenible en este siglo XXI, a juzgar por los costos en salud pública y en seguridad que la sociedad ha debido y deberá solventar.


Hoy, la política urbana tiene que ser el reflejo de una realidad altamente dependiente de los fenómenos naturales de todo orden, que sin aviso ni menos alarma asolaran nuestras ciudades. Ahí están Chaiten situada bajo un curso de agua, Constitución sin orillas y Talcahuano emplazada en una depresión marina como ejemplos para refrendar lo que de ahora en adelante será cada vez más frecuente, aunque se demore 20 ó 50 años en llegar. Por eso, es importante formular un plan de futuro y no un plan de conflictos y desgracias, que no son ficciones sino crudas realidades.


Pero más allá de todo ello, lo verdaderamente preocupante es observar que a pesar de los programas de campaña, las promesas y las ofertas, el nuevo gobierno no tiene nada nuevo ni diferente que decir ni hacer de aquel urbanismo sin límites ni proyecto que impuso la Concertación bajo el lema de todo el suelo es materia urbanizable mediante la aplicación de las zonas de urbanismo condicionado, puestas largamente en cuestión en países europeos en donde se ha aplicado esta nefasta modalidad.




 

Santiago, una mejor Ciudad



Después de la catástrofe del 27 de febrero pasado, ha quedado al descubierto una serie de pequeñas y grandes precariedades políticas, sociales, económicas, medioambientales, y sobre todo, valóricas y técnicas, entre todas las cuales se destaca acentuadamente la precaria gestión del Minvu relativa al desarrollo urbano nacional. Particularmente desde el año 2000 hacia delante, que es cuando su División de Desarrollo Urbano (DDU) empieza a instalar su visión de corte neoliberal hasta hoy día imperante y mundialmente notable en el segregado Santiago, gracias a flexibilidades normativas y el aporte de la inversión privada. Una política a la vista y de resultados sociológicos paradojales, que alcanzó un punto álgido al momento cuando la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, UN-Hábitat, en su informe anual del 2009, expresara en síntesis que en Chile no existía una política de desarrollo urbano. Categóricamente, esto corresponde a una valoración internacional negativa, inesperada por la DDU y las autoridades a la sazón en el poder, que nos estigmatiza como país, y que nos fue dada a conocer con motivo del Día Mundial del Hábitat, en los primeros días de octubre de aquel año.


En Chile, prácticamente 9 de cada 10 personas son "urbanas". La ciudad de Santiago, de cuerpo localizado en 32 de las 52 comunas de la región metropolitana, la cual se rige antojadizamente por una plan de inferior ámbito propio que el que le corresponde, esto es, por un plan regulador intercomunal y no por el de nivel regional que establece la ley, concentra casi a la mitad del total nacional de población, y en los asuntos inmobiliarios, sus nichos de negocios no solo se hallan en las comunas más "pudientes" del Noreste, o entre las menos acaudaladas de todos quienes residen en lugares febles e invadibles por el capital privado colocado en torres residenciales con alta rentabilidad, que pululan por doquier en todas las restantes comunas tradicionales; sino que también los hay y en abundancia, en las comunas del Surponiente, a lo largo de su "límite urbano", donde se da que aquellos que son latentes, ubicados en los terrenos de su lado externo y por ahora "rurales", son los más atractivos, habidas las plusvalías generadas al convertirlos en "urbanos".


Exactamente así también lo entiende la DDU, preocupada de que sea el inversionista privado y no Estado quien se encargue de proveer la vivienda de interés social a quienes la requieran, para lo cual no solo subsidia su adquisición, sino que parte por gratificar al terrateniente y al urbanizador con dichas plusvalías, cada vez que amplia un límite urbano. En el caso de Santiago, cuyo plan regulador intercomunal data de 1994, esto ha ocurrido en 1997, en el 2003, en el 2006 y en el 2008, con idéntico pretexto cada vez: Que la población crece y que el mercado de la vivienda social necesita terrenos baratos para los próximos 30 años. Lo cual y por si solo, está demostrando que no ha sabido proyectar ni el crecimiento de población, ni la demanda esperada de vivienda de interés social, y que tampoco ha sabido mejorar el modelo de gestión al respecto, que fuera instaurado en los tiempos de los Chicago Boy's con una simpleza lineal que hoy día abisma a cualquier observador calificado. En síntesis, contribuyendo así a dar por bien merecido que ese Informe de UN-Habitat nos estigmatice como lo ha hecho.


De hecho, si realmente hubiera una política de desarrollo urbano en Chile, no habría sido necesario ampliar una y otra vez la ciudad oficial de Santiago; nadie discutiría el valor técnico-administrativo y evidentemente de mercado que posee el límite urbano en nuestro país (principalmente a los efectos de auto-regular la extensión urbana y obviar el tema de las plusvalías); y no habría habido una alta autoridad de gobierno, como lo es el propio Intendente y presidente de CORE Metropolitano, haciendo "lobby" a partir del mismo día cuando fue rechazada una nueva ampliación de esta ciudad (en junio del 2010). Si tal política existiera, habría sido una noticia destacada que el Minvu, que es el único titular competente para proponer una nueva ampliación, haya guardado absoluto silencio frente a este hecho improcedente. Esto, aunque tal vez sea lo único que le quedaba por hacer a causa de la niñería política inexplicable que significa que el lobby lo está efectuando un connotado miembro de la C.Ch.C., hoy día a cargo de la Intendencia.


Aún más, y más decidor al completar casi un año después del 27-F: Si hubiera existido una cabal política nacional de desarrollo urbano, alguna autoridad superior de gobierno ya habría dado a conocer alguna visión gubernamental actualizada sobre su puesta al día en las nuevas circunstancias. Aunque hubiese sido preliminar, bastaría con que hubiese subrayado aquellos valores y principios que transversalmente tenemos que empezar a reconocer, a internalizar y aplicar en el país que nos queda por reconstruir. Pero no ha ocurrido. El Minvu, ni su actual DDU, aún no sacan la voz. Parecieran no tener visión de futuro que compartir. Y lo que es equiparable: Tampoco lo ha hecho la Concertación, de cuyas "ciudades más humanas" que nos fueran anunciadas desde la Candidatura del ex – Presidente Lagos, nunca más se ha oído hablar.


De este modo, hoy en día, como consecuencia del modelo "socialista neoliberal" puesto en práctica por la DDU a partir precisamente de aquellos mismos días, el que Santiago registre 23 torres de edificios seriamente dañados por el terremoto de Febrero pasado; una la cantidad de tramos y nudos viales prontamente vueltos a ser puestos en servicio; un impacto oneroso, traumatizante e inmerecido en muchos de sus hogares de la clase media; una secuela análoga y acaso peor en poblaciones y campamentos; una permanencia sostenida de altos índices de material particulado en el aire que se respira; una creciente congestión vehicular a toda hora; y un aún indeterminado recuento del deterioro urbano preexistente; todavía no es suficiente para que cuando menos se haya anunciado, o se haya exigido desde la oposición, la pronta elaboración y aplicación de "un mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales", al cual tenga que quedar supeditado el actual Plan Regulador de la Región Metropolitana, conocido como el "PRMS". Esencialmente, por causa de la Falla de San Ramón al pié de monte, y de las inundaciones en planta y desde las quebradas que la afectan directamente, de tiempo en tiempo. Pareciera que nada de esto existiese, y que lo único importante en carpeta fuese el tener que proveer materia prima barata y periférica (suelo rural hecho urbano), donde continuar segregando a la población de menores recursos, mediante una nueva ampliación tras la cual hace el lobby el Sr. Intendente. Igual que antes, abogándolo "para los próximos 30 años", pero ahora último, mejorando el plus a futuro de los terrenos que quiere anexar, con el anuncio de una gran cantidad de millones de dólares anuales para la mantención de las áreas verdes que el arquitecto proyectista haya dibujado en el plano de la ampliación. Dice y empeña la palabra del gobierno al hacerlo, que aportará nada menos que US$ 70 millones por año. Si el precio de una mediagua fuese US$ 1.000, esta cifra equivaldría a 70.000 mediaguas al año. ¿Se lo imagina?


Santiago, una mejor ciudad,… en el buen saber y entender popular efectivamente no está por "beneficiar" a los más carenciados radicándolos en su periferia, amarrándolos a una vivienda propia distante, ni menos a que tengan que completar sus horas normales de sueño durmiendo en el tristemente famoso Transantiago, durante sus viajes de origen y destino. Está por esa "ciudad más humana" ya ofrecida; porque se cumpla con la igualdad ante la ley; porque se respeten sus derechos sociales inalienables, contemplados en la Constitución; porque haya estabilidad en las reglas del juego que regulan la ocupación y el uso del suelo; porque se mejore substancialmente el modelo de gestión segregador con que hasta ahora se aborda la dotación de viviendas de interés social; y porque se planifique su desarrollo urbano con visión de futuro, de modo estratégico, a nivel de la Cuenca de Santiago y su conexión natural hacia la costa vecina. En suma, está por una sola demanda obvia y del día: Que se congele el actual PRMS, y no se vuelva ampliar sus límites urbanos; que se elabore y aplique cuanto antes aquel "mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales" arriba mencionado, y que este actual plan regional de Santiago sea reemplazado prontamente por un "plan urbano estratégico", llevado a cabo según las recomendaciones de la OCDE.


Esta demanda ciudadana es razonablemente lógica; es un 100% aséptica de que pueda ser expropiada para sí por una sola corriente de opinión política, y por encima de esto mismo, conlleva controlar adecuadamente el tema ambiental (mediante la recién instituida "evaluación ambiental estratégica"), de igual modo que la transparencia de los cambios de uso del suelo (haciendo conocidos los terratenientes del caso, tal como recién lo exigiera el Consejo respectivo al SII, en el caso de esta nueva ampliación).


Si es cierto lo que sostiene el Sr. Intendente en cuanto a que "solo" haya terrenos para 9 años más, es decir, hasta mediados del gobierno subsiguiente al actual, o sea, hasta el año 2020 incluido, hay tiempo más que suficiente para cambiar el PRMS sin seguir parchándolo por sus bordes, y además, para preocuparse por la renovación urbana de sus comunas tradicionales, incluyendo a los asentamientos menos favorecidos de cada uno de sus entornos perimetrales. "Santiago, una mejor ciudad", integra población; vela por el medio ambiente, y es transparente con sus cambios de uso del suelo. Así de simple y directo,…si de hacer bien las cosas se trata.


Waldo López M.